lunes, 11 de septiembre de 2017

porlaprorrogadelaley26160

Como ciudadanos y ciudadanas, queremos expresar nuestra preocupación por la vulneración de derechos de la que son objeto los pueblos indígenas, en un momento marcado por acciones prepotentes y discursos estigmatizantes sobre el pueblo mapuche.


POR LA PRÓRROGA DE LA LEY 26.160 Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS COLECTiVOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

11 de Septiembre de 2017
Como ciudadanos y ciudadanas, queremos expresar nuestra preocupación  por la vulneración de derechos de la que son objeto los pueblos indígenas, en un momento marcado por acciones prepotentes y discursos  estigmatizantes sobre el pueblo mapuche. Dicho discurso descalificador, propio de los grandes propietarios rurales, busca asociar los reclamos mapuches a la violencia y el terrorismo, además de desempolvar viejas y ya refutadas acusaciones como aquella de que “los mapuches no son argentinos, sino chilenos”.
En Argentina resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la expansión de los territorios rentables para el capital. Así, desde hace años se observa la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de hidrocarburos no convencionales, la megaminería, la multiplicación de mega represas hidroeléctricas y la expansión de la explotación sojera. A lo anterior, hay que añadir grandes emprendimientos inmobiliarios y latifundios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas. Frente a protestas que ponen de relieve tales problemáticas, el gobierno ha optado  por  la violencia represiva, como lo ilustra la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
 Ante esto, exigimos el inicio del diálogo orientado al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos por nuestra constitución, en el artículo 75, inciso 17. Así como hemos salido a la calle exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, hoy nos dirigimos al Parlamento Nacional, para exigir la prórroga de la ley 26160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la finalización del demorado relevamiento territorial. También proponemos el lanzamiento de un diálogo franco, necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar de estos pueblos en el Estado argentino. Al igual que lo sucedido en otros países latinoamericanos (Bolivia), en Argentina debe revisarse la visión mono-cultural del Estado, a fin de avanzar hacia concepciones más inclusivas y pluriculturales, que fortalezcan la unidad territorial e institucional del país. Es urgente promover la intervención de la sociedad civil para hacer posible la apertura del esperado debate sobre el avance de modelos de desarrollo altamente destructivos en los territorios, que hoy encuentran fuertes resistencias sociales en nuestras provincias.
Todo lo anterior refuerza la necesidad de exigir la prórroga de dicha ley de tierras 26.160, en la línea de la constitución nacional, sin modificaciones o alteraciones que puedan perjudicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.  Asimismo exigimos el fin de la campaña de hostigamiento e indiferencia para con los pueblos indígenas y la adopción de un compromiso decidido y potente de toda la sociedad en apoyo de éstos y otros grupos vulnerables de la población. Sólo con mayor democracia y compromiso social será posible saldar la deuda histórica que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas.

Primeras firmas
Maristella Svampa, Enrique Viale, Beatriz Sarlo, Ruben Lo Vuolo, Roberto Gargarella, Emilio de Ipola, Pablo Alabarces, Julian López



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